Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) han revolucionado la prestación de servicios en todo el mundo, haciendo que su regulación sea un reto cada vez más complejo. Con la crisis a causa del COVID-19 se ha puesto en evidencia que muchos más servicios pueden brindarse a través del internet, sin requerir la presencia física de las partes en un lugar determinando, rompiéndose de esta manera los límites establecidos por las fronteras territoriales.
El crecimiento de los servicios digitales en Bolivia requiere urgente atención en varias áreas normativas y especialmente en materia tributaria. En efecto, hace casi una década MCEWAN (2011) advertía que si bien determinados conceptos tributarios “fueron oportunamente consensuados internacionalmente en épocas pasadas, ante el nuevo fenómeno del comercio electrónico deben ser revaluados”, ahora los legisladores se han visto obligados a adentrarse al mundo de la Economía Digital y abarcar el tratamiento de la exportación de servicios desde otra perspectiva.
Actualmente cursa en la Asamblea Legislativa de Bolivia el Proyecto de Ley de Alivio Tributario y Promoción Exportaciones de Servicios presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que busca desarrollar la exportación de determinados servicios de valor agregado, tales como consultoría, profesionales, asesoramiento técnico, peritajes, call centers y desarrollo de software. Para ello, el proyecto define que dichos servicios no generan débito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los declara exentos del Impuesto a las Transacciones (IT). Finalmente, establece una alícuota del 4% por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE para servicios de desarrollo de software para clientes del exterior y los servicios de call center prestados desde Bolivia.
Al presente, el tratamiento del proyecto de Ley se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa.
